Recortes, desahucios y respuesta organizada en Valencia

Diagonal 191-Recortes PV

“Únete a la comunidad de jóvenes que, a veces, ‘creen que están en otro planeta’”. No podía ser más acertado el lema de la última campaña turística de la Generalitat Valenciana. Porque, efectivamente, la juventud y el resto de la sociedad valenciana creen, siempre, estar en otro planeta cuando leen en la prensa noticias sobre la gestión del Consell. Cuando ven en la televisión que la Generalitat asume los 118 millones de euros de deuda de tres clubes de fútbol mientras aplica un recorte del 9,6% en el presupuesto de Sanidad o del 5,7% en el de Bienestar Social.

Este último tajo está llevando a una situación límite a muchos centros y residencias en todo el territorio. A finales de enero, dos residencias para discapacitados psíquicos, un centro para mayores dependientes y un geriátrico de las comarcas de Castellón denunciaron falta de material básico por los retrasos en las subvenciones de la Generalitat.

Al mismo tiempo, los profesionales de varios centros dedicados a la discapacidad y las enfermedades mentales de Alicante se unían en un encierro para reclamar el pago de la deuda y el fin de los recortes en las subvenciones. Son sólo dos historias de precariedad de una lista a la que habría que añadir las que se viven en Sanidad, donde la apuesta del Ejecutivo de Alberto Fabra se basa en la privatización y la reducción del gasto a toda costa. Cinco hospitales públicos valencianos están gestionados por empresas privadas y la Generalitat encarga a consultoras las directrices para potenciar el ahorro en los que todavía gestiona la Administración. Además, los nuevos criterios para el reparto de los complementos salariales de los profesionales priman a quienes mantengan menos tiempo ingresados a sus pacientes o deriven menos enfermos a los servicios de atención especializada.

Depresión en las aulas

La situación en las aulas no es mejor. Lo saben en una decena de municipios de la comarca de L’Horta, en Valencia, donde miles de alumnos reciben clase en barracones o en centros con graves deficiencias. Entre ellos, los del CEIP Cervantes de Alboraia, cuyos padres y madres vendieron lotería la pasada Navidad para pagar los ventiladores que necesitarán sus hijos en verano. Trece mil alumnos de educación especial de toda la Comunitat temen perder el comedor escolar tras el cierre del servicio en un centro de Elda a partir de febrero.

Las protestas en las calles llegaron al resto del Estado especialmente durante la conocida como Primavera valenciana, cuando la policía reprimió con dureza las protestas de los alumnos del IES Lluís Vives de València y éstos recibieron el apoyo de la ciudadanía en multitudinarias manifestaciones posteriores. Ahora, un año después, se celebra un concierto cuya recaudación servirá para garantizar la defensa jurídica de las personas detenidas, lesionadas o imputadas durante las protestas.

“Actualmente hay unos 103 procesos en marcha, entre ellos muchos por sanciones derivadas de la detención de seis personas y la identificación de 250 el 17 de febrero, algunas de ellas menores”, comenta para DIAGONAL Agustí Arenas, miembro de la Associació Jurídica Primavera Valenciana. Arenas, que también lleva los casos de cuatro estudiantes detenidos durante la huelga del 14N, destaca la “seriedad” con la que los jóvenes se enfrentaron a sus denuncias. “Nos sorprendió la forma que tienen de plantear la realidad; no tanto el derecho, que probablemente lo desconozcan, sino la justicia. Es decir, ante una especie de ‘vamos a pasar página, que papá paga esto’, ellos dijeron: ‘No: yo no hice esto, a mí me maltrataron’. Han sido muy comprometidos, han dado una lección a muchos adultos que siguen insistiendo en que el elemento partidista es el que podía resolverlo”.

56.000 desahucios

Aunque, probablemente, el máximo exponente de la prioridad del dinero sobre las personas en esta comunidad autónoma son los desahucios. Más de 56.000 familias han perdido sus casas en los últimos años mientras las tres principales entidades financieras (Bancaja-Bankia, CAM y Banco de Valencia) eran intervenidas o rescatadas. “Sabemos que hay medio millón de viviendas vacías en el País Valencià y al menos la mitad de ellas pertenecen a entidades financieras, instituciones religiosas o al Estado. Creemos que estas viviendas deberían ser puestas a disposición de las familias que las necesiten inmediatamente”, señala a DIAGONAL Ignacio Pérez, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia.

A finales de enero, las PAH valencianas, que han logrado paralizar o aplazar un centenar de desahucios, sumaron miles de firmas a las 748.000 que las plataformas de todo el Estado presentaron en el Congreso respaldando una iniciativa legislativa popular a favor de la dación en pago, la regulación del alquiler social y la moratoria de los desahucios. Sin embargo, no todo han sido apoyos. José Luis González, de la PAH de Valencia, recuerda la reunión que mantuvieron con el arzobispo valenciano. “Le pedimos varias cosas: un posicionamiento explícito a favor del derecho a la vivienda, que firmara la ILP, que pidiera la paralización de los desahucios durante la crisis, que permitiera leer un texto en las iglesias o firmar un protocolo Cáritas-PAH. El arzobispo no admitió ninguna de las propuestas”.

Recortes, desahucios y respuesta organizada. Postales de un territorio que cuenta con diez diputados autonómicos del PP imputados en casos de corrupción. Todos del partido más votado desde 1995. Una “comunidad” donde “los jóvenes, a veces, creen que están en otro planeta”.

[Artículo publicado en el periódico Diagonal]

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